Declaración Pública ante pronunciamiento del Frente Amplio
Ante la resolución anunciada por el Plenario Departamental del Frente Amplio, en la que se comunica la decisión de no acompañar la solicitud de financiamiento presentada por el Ejecutivo Departamental, y frente a las expresiones públicas que se han difundido posteriormente, corresponde realizar algunas consideraciones con serenidad, firmeza y responsabilidad política.
Cuando se afirma que dicha definición fue adoptada por “amplísima mayoría”, se está reconociendo implícitamente que existieron voces disidentes dentro del propio ámbito de deliberación. Ello demuestra que no se trata de una postura unánime ni incuestionable, sino de una decisión esencialmente política, que no logró sintetizar una visión común sobre las verdaderas necesidades del departamento.
Asimismo, resulta evidente que la decisión ya se encontraba tomada de antemano, sin que existiera una real voluntad de que el planteo fuera estudiado en profundidad, analizado en el ámbito democrático correspondiente ni sometido a un intercambio serio de argumentos. No hubo apertura al análisis ni disposición al diálogo, requisitos básicos cuando se trata de herramientas que comprometen el futuro del departamento.
En este marco, preocupa especialmente que se esté priorizando una posición política por encima del interés general del departamento. Cuando la lógica partidaria se impone sobre la necesidad de dar respuestas concretas a la población, se desdibuja el verdadero sentido de la representación pública.
Es necesario además hacer una precisión de fondo que no puede ser omitida: no se está discutiendo endeudamiento en el sentido negativo del término, sino un proceso de financiamiento orientado a la inversión pública.
La deuda es tal cuando no deja nada a cambio. La financiación para inversión, en cambio, es aquella que se destina a obras, infraestructura, servicios y equipamiento que generan beneficios directos y duraderos para la población, y que permanecen durante décadas al servicio de la comunidad.
Invertir no es comprometer el futuro: es construirlo. Invertir es generar trabajo, mejorar barrios, fortalecer servicios, dinamizar la economía local y elevar la calidad de vida. Confundir inversión con endeudamiento es, como mínimo, una simplificación injusta; y, como máximo, una forma de deslegitimar herramientas legítimas de gestión.
Resulta además contradictorio exigir planificación, presupuesto y definiciones estratégicas, y al mismo tiempo bloquear uno de los instrumentos fundamentales para hacerlas realidad. No puede haber desarrollo sin inversión, ni inversión sin financiamiento. Trancar una herramienta es, necesariamente, trancar la posibilidad de ejecutar políticas públicas.
El desarrollo de Salto debe estar por encima de cualquier diferencia partidaria. Cuando se impide que un gobierno cuente con instrumentos legítimos para gestionar, no se afecta a una administración: se afecta directamente a toda la población. Las obras, el trabajo, los servicios y las oportunidades no tienen color político.
Salto necesita mirar hacia adelante. Necesita acuerdos amplios, madurez política y decisiones que prioricen el interés general por sobre cualquier cálculo sectorial. La ciudadanía espera soluciones, no bloqueos; espera construcción, no parálisis; espera futuro.
𝐄𝐍 𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐏𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐃𝐎𝐒 𝐋𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄𝐒: 𝐎 𝐒𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀́ 𝐀 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐑𝐑𝐎𝐋𝐋𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐓𝐎, 𝐎 𝐒𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀́ 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐓𝐎.