Marianella Rosas trabaja como educadora en Cardoner, un centro de hombres en situación de vulnerabilidad, que tiene convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Allí, tres funcionarios por día, uno por turno, se encargan de cuidar a unas 20 personas.
Ella reclamó que el pasado 18 de julio se les venció el contrato y, hasta ahora, no ha sido renovado. “Desde esa fecha a hoy no bajaron partidas. Estamos sin cobrar y multas en el Banco de Previsión Social. Nos obligan a mantener abierto el hogar. Es decir, trabajar gratis, sin derechos a denuncias por no existir firma de contrato”, denunció.
Según narró, el ministerio sostuvo que en los primeros días de setiembre “se pagaba todo”, pero el mes arrancó y desde la cartera “dijeron que no iba a ser posible, que capaz que para fin de mes”. Cuando terminaba setiembre, lo adelantaron para principios de octubre, para luego “directamente decir que no podían pagar”, aseveró.
“Cardoner es un centro de capacitación y formación, un centro educativo-laboral. Entonces, lo que se intenta es que gente que salió de la cárcel y queda en situación de calle y quiera salir adelante se les ofrecen cursos de panadería, gastronomía, se los acompaña para que sigan los estudios. […] Es como que no les interesa […] pero yo sigo apostando a que quiero hacer cosas por la gente, me preocupa, los acompaño… Te bancás todo”, dijo la funcionaria a Montevideo Portal.
Esta realidad la viven otros cientos de trabajadores tercerizados de la Secretaría de Estado. El pasado lunes 13 de octubre el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizó un paro frente al Mides y lograron pactar una reunión con las autoridades, que se concretó días después, el pasado viernes 18.
En este encuentro la directora general de Secretaría del ministerio, Ximena Muñíz, “se comprometió” a trabajar en los atrasos de pagos, dijo a Montevideo Portal el secretario de Tercerizados del gremio, Diego Andrada. “Nosotros tenemos un par de organizaciones de la sociedad civil [OSC] que son las que tienen el mayor atraso, son compañeros que no tienen ni para comer ni para ir a los refugios. Se comprometieron para la semana que viene tener alguna novedad en la bajada de partidas y el pago salarial”, afirmó.
Según aclaró, la cantidad exacta de funcionarios afectados “es muy dinámica” debido a la tercerización, ya que “se van atrasando a destiempo”. De todas formas, remarcó que hay “seguro entre 100 y 150 trabajadores que pasaron por algún atraso”. “El atraso más grande que tenemos es de una org que hace dos meses casi tres no paga, y eso es gravísimo”, disparó.
En esta línea, Muñíz confirmó a Montevideo Portal que “hay unos atrasos de pagos” que se deben a varios factores. “Algunos fueron presupuestales, otros que fueron procedimientos, otras que van más apuntando a algunas organizaciones que hay algunas complicaciones”, explicó y añadió: “Estamos todos tratando de resolverlo y yendo para el mismo camino”.