El Senado aprobó con 27 votos en 28 la reforma de la ley de lavado de activos, considerada una de las modificaciones normativas más importantes del año. El proyecto incorpora nuevos delitos precedentes, reduce los límites para transacciones en efectivo y otorga mayores facultades de control a la Senaclaft.
Entre los cambios, se destaca la reducción del tope para pagos en efectivo de 1 millón a 270.000 Unidades Indexadas, así como la posibilidad de incautar documentación y datos en inspecciones. La iniciativa busca ajustar la legislación uruguaya a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados. Analistas advierten que implicará mayores exigencias para sectores como inmobiliarias, estudios contables y casinos, mientras que el Poder Ejecutivo insiste en que es una herramienta clave para combatir el crimen organizado y preservar la reputación financiera del país.