La fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó este miércoles a la Justicia una pena de 16 años de cárcel al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de 6 años de prisión para el profesor de Historia, Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.Perfecto. Acá tenés una nota periodística sobre el caso Penadés, lista para publicar en un diario local
El ex senador nacionalista Gustavo Penadés se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por 22 delitos sexuales, en un caso que ha sacudido al sistema político uruguayo y que la Fiscalía calificó como uno de los más graves en la historia reciente del país.
Las denuncias comenzaron en 2023, cuando Romina Celeste Papasso, militante trans del Partido Nacional, hizo pública una acusación de abuso ocurrido cuando tenía 13 años. Su testimonio impulsó a otros jóvenes —en su mayoría varones adolescentes de contextos vulnerables— a relatar situaciones similares que involucraban al entonces senador.
La investigación reveló un patrón de explotación sexual y abuso reiterado, donde las víctimas eran contactadas mediante intermediarios y citadas en hoteles o residencias privadas. Los hechos ocurrieron durante varios años, mientras Penadés ocupaba cargos de relevancia política.
En octubre de 2023, la Justicia formalizó la imputación por delitos de violación, abuso sexual agravado, corrupción de menores y retribución por actos sexuales con menores. La fiscalía solicitó prisión preventiva, medida que fue confirmada en instancias de apelación.
Uno de los fiscales del caso llegó a definir al exsenador como “uno de los mayores depredadores sexuales del país”, reflejando la gravedad de las pruebas y testimonios recabados.
Actualmente, Penadés continúa recluido a la espera del juicio, mientras se suman nuevos testimonios y pruebas que podrían ampliar la acusación. El caso no solo tiene consecuencias judiciales, sino también políticas y éticas, ya que implica a una figura de larga trayectoria dentro del Partido Nacional y del Parlamento uruguayo.
El proceso sigue bajo estricta reserva para proteger la identidad de las víctimas, pero marca un precedente histórico en la lucha contra el abuso sexual y la impunidad política en Uruguay