El Ministro de Ganadería afirmó en el 108.º Congreso de la Federación Rural, allá por junio, que iba a eliminar el impuesto del 1% a los semovientes.
“¡Vamos a terminar con esto!”, prometió, con ese tono híbrido entre conocedor campero, profesional y gaucho.
Explicó muy seriamente que “el 1% perjudica al productor pequeño que no puede descontarlo, mientras que los grandes sí lo hacen”.
Todo un hallazgo: después de décadas descubrió que los impuestos que no se pueden descontar perjudican. Quién lo hubiera dicho.
El detalle es que ese tributo no tiene costo real para los productores. O no debería.
Se paga en la intendencia, se hace un trámite, se recibe un papelito, otro trámite, se descuenta el impuesto, y al final —si se sobrevive al vía crucis burocrático— les devuelven lo suyo mediante un certificado para descontar de impuestos.
Kafka estaría orgulloso.
Cuando se votó esto en el Senado, advertimos que someter al productor a semejante calvario administrativo era absurdo. Basta con que el gobierno central transfiera los fondos directamente a la intendencia. Total, DICOSE ya tiene los datos. Pero el deporte nacional es inventar trámites para facilitarle al Estado las cosas. No al ciudadano.
Así, mientras el productor debería estar con las vacas, termina peregrinando por oficinas públicas con expedientes bajo el brazo. Los grandes productores contratan contadores; los chicos se resignan y pierden. La burocracia siempre les gana por goleada.
Por eso, cuando el Ministro prometió eliminar el 1% en el Congreso de la Federación Rural, se llevó aplausos. Fue como prometer asado gratis.
Y le gustó y siguió: en septiembre, en la Expo Prado de la Asociación Rural, lo repitió como uno de sus diecisiete anuncios (parece que colecciona promesas como figuritas). Entre citas a Wilson Ferreira, a Mujica y llamados a “prender las luces largas” (ojo la encandilada), volvió con la eliminación del 1%.
Más aplausos, claro.
Pero no quedó ahí: la semana pasada, en la Cámara de Diputados, volvió a la carga. Una trilogía de promesas.
Nosotros presentamos en febrero un proyecto de ley sencillo: se elimina el impuesto, DICOSE informa y el gobierno central transfiere a la intendencia. El productor agropecuario no hace trámites. Simple. Sin épica. Sin discursos grandilocuentes. Pero claro, sin glamour ni aplausos.
Luego de tantas promesas ahora si el Ministro decidió cumplir. Lo hizo a su manera aprovechando la ley de presupuesto.
En el artículo 617 del proyecto propuso crear —agárrese fuerte— un “ámbito de trabajo destinado a analizar la eventual modificación del impuesto a los semovientes”.
Sí: prometió tres veces eliminar el 1%. Pero lo que hace es crear un “ámbito de trabajo”.
Un ámbito además “para analizar”. Analizar ni siquiera la eliminación prometida sino “la eventual modificación del impuesto”.
Por ley todo esto. Jiménez de Aréchaga y Kelsen deben estar orgullosos del alcance que se le da a una ley. Ahora se la utiliza para crear ámbitos de trabajo donde analizar eventuales cosas.
Nunca había visto legislar para crear un ámbito de trabajo. Para eso alcanza con un grupo de WhatsApp, o un par de llamadas. Pero no, la epopeya burocrática exige decreto, ley, reglamento y anuncio.
Lo que se dice, más que un Ministro, un estadista.