El doctor Gabriel Rodríguez, encargado de jurídica del gobierno departamental, dijo que el cese de los 291 funcionarios designaciones directas del gobierno anterior formaron parte de un convenio que a entender del equipo legal de la administración Albisu, no respetó algunos aspectos que hacen a su ilegalidad y que el sindicato en todo momento supo que se hablaban de recontrataciones pero bajo otras figuras contractuales.
Rodríguez dijo que “fue una semana difícil por la toma de decisión. El título de convenio colectivo lo tiene pero hay un montón de circunstancias que no lo hacen tal. Hay cosas que con el sindicato no vamos a discutir porque forman parte de convenios, pero este último que arrancó en diciembre del 2024 no es lo mismo. Fueron normas que se dejaron de lado y eso nos llevó a que debiéramos cumplir con un mandato constitucional porque la ilegalidad de este convenio no puede tene una fuerza que supere la Constitución. Viola el estatuto del funcionario público del 55, viola un montón de aspectos que no podíamos dejar pasar desde el punto de vista jurídico. Buscamos alternativas con ADEOMS pero fue imposible y la situación decantó en esto”.
Rodríguez dijo que “se dieron las charlas con el sindicato, se manejaron distintas posibilidades y de los dos lados hubo propuestas para buscar salidas y lo que la gente no sabe es que el convenio involucra a setecientos u ochocientos funcionarios ya que las designaciones directas eran parte de ese convenio que incluía adecuaciones, calificaciones que eso no se ha tocado al día de hoy. No fuimos contra todo ni en un ánimo de revanchismo”.
El profesional enfatizó en que “que haya sido en año electoral es una más de las causas. El convenio fue presentado el 25 de junio cuando se había perdido el gobierno departamental y eso no deja de ser raro porque comenzó en diciembre del 2024. Las condiciones están dadas para que el gobierno de Salto actúe como está actuando”.
Negó Rodríguez el revanchismo, “eso excedió al gremio y el ámbito siempre fue dialogar para evitar llegar a esto dentro de lo legal. Cuando se le comunicó al sindicato ahí comenzaron a hablar de persecución y revanchismo”.
En cuanto a las situaciones generadas en daños a recolectoras y ponerle agua a los tanques en otras áreas de la intendencia, “se abrieron investigaciones administrativas y se están buscando todas las pruebas para establecer acciones legales que fueron solicitadas por el propio intendente Albisu”.
Confirmó Rodríguez que las recontrataciones siempre estuvieron en conocimiento del sindicato pero “que quede claro que quienes vuelvan a la administración lo van a hacer en las mismas condiciones que todos los cargos de confianza de Albisu, es decir con contratos a término cuando finalice esta administración”.