Legisladores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que busca cambiar y “modernizar” la normativa de 2002 sobre las condiciones de las trabajadoras sexuales.
La diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren habló con Montevideo Portal sobre el contenido del proyecto y aseguró que busca “los puntos comunes” que quedaron en evidencia sobre el trabajo independiente y el trabajo en relación de dependencia, además de propuestas vinculadas a la salud de las trabajadoras.
La Ley de Trabajo Sexual, aprobada en 2002 —definida como pionera por la legisladora oficialista— reconoce como lícito el ejercicio de la prostitución siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en la normativa. Define como trabajadores sexuales a las personas mayores de 18 años que lleven adelante la actividad de forma habitual y remunerada, y establece la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Nacional del Trabajo Sexual, así como de contar con un carné sanitario vigente con los controles médicos al día.
A través de este marco, se garantiza que quienes desempeñan esta tarea no sean detenidos por su actividad, a la vez que se promueven políticas de salud y prevención.
La norma también regula los lugares y condiciones en que puede ofrecerse este trabajo, como zonas autorizadas, prostíbulos o whiskerías habilitadas, y fija pautas de comportamiento para no afectar a terceros.
Además, la ley crea la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, integrada por organismos estatales y delegados de trabajadores con funciones de asesoramiento, control y apoyo. Finalmente, establece multas y sanciones para quienes incumplan la normativa, al tiempo que habilita inspecciones del Ministerio del Interior y de Salud Pública, con el fin de preservar la salud y el orden público y prevenir la explotación.
Ibarguren cuestionó que esta ley “toma a la trabajadora sexual más como un vector, preocupándose de sus patologías relacionadas a su trabajo”. Ante esto, los dirigentes optaron por presentar el proyecto de ley que pretende “mirar la salud de las personas que ejercen trabajo sexual como un problema de su propia salud y no como lo que le pueda afectar a los demás”. También quieren “dejar bien claro cuál es la relación, el vínculo con el cliente”, debido a que la normativa vigente “no deja bien establecido el pago por el servicio, que puede ser en dinero o en especies”, y pone el ejemplo de que pueden pagar con “un par de championes”.
La diputada analizó que el “escollo principal” de esta propuesta es la búsqueda de regulaciones que tienen que ver con los empresarios, porque “cualquier relación laboral de dependencia, en el caso de las personas que ejercen el trabajo sexual, se clasifica o está dentro del proxenitismo”,