Miles de filipinos se congregaron este domingo en Manila y otras ciudades del país para manifestarse contra un escándalo de corrupción que involucra a legisladores, funcionarios y empresarios acusados de malversar fondos destinados a proyectos de control de inundaciones. Los manifestantes exigen justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En Manila, la Plaza de Luneta fue el epicentro de las protestas, donde se estima que más de 50.000 personas se reunieron para expresar su indignación. Los participantes, en su mayoría jóvenes, portaban pancartas con lemas como «Acaben con la corrupción ya» y «Nosotros estudiamos duro, ustedes roban más duro». La protesta coincidió con el aniversario de la declaración de la ley marcial en 1972, un evento histórico que marcó el inicio de una dictadura en el país.
Las autoridades informaron que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, resultando en al menos 39 agentes heridos y 17 arrestos. Los disturbios incluyeron el lanzamiento de escombros y bombas molotov improvisadas por parte de algunos grupos de manifestantes. La policía está investigando la identidad de estos individuos y su relación con las protestas.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. expresó su apoyo a las protestas pacíficas y anunció la creación de una comisión independiente para investigar las denuncias de corrupción en los proyectos de control de inundaciones. Sin embargo, también instó a los manifestantes a mantener el orden y evitar actos de violencia.
El escándalo surgió a raíz de informes que indican que miles de millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura para prevenir inundaciones fueron desviados por funcionarios públicos y contratistas. Se alega que estos fondos fueron utilizados para sobornos y enriquecimiento ilícito, mientras que las comunidades afectadas por las inundaciones continúan sufriendo las consecuencias de la falta de infraestructura adecuada.
Las protestas de hoy reflejan un creciente descontento público con la corrupción gubernamental y una demanda por mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.