Una tragedia sacudió la tarde del miércoles 10 de septiembre la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando una pipa de gas licuado de petróleo (GLP) explotó tras volcarse en el Distribuidor Vial La Concordia, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales arterias que conecta la capital con el Estado de Puebla.
El camión cisterna, propiedad de la empresa Gas Silza y con capacidad para transportar 49.500 litros de GLP, sufrió una fuga que derivó en una deflagración de gran magnitud. La explosión resultante generó una onda expansiva que alcanzó una altura de hasta 30 metros, afectando a vehículos en movimiento, transeúntes y establecimientos cercanos. Se reportaron al menos 6 personas fallecidas y 90 heridas, de las cuales 19 presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Además, el siniestro causó daños estructurales en viviendas y comercios aledaños.
Las autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informaron que los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México para recibir atención médica. Se habilitaron albergues temporales para los afectados que perdieron sus hogares debido al incendio.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) desplegó un operativo de emergencia que incluyó la evacuación de la zona, el control del fuego y la remoción de escombros. El Puente de la Concordia y áreas circundantes permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas, lo que generó congestión vehicular y afectó el transporte público en la región.
Investigaciones preliminares indican que la pipa de gas involucrada en el incidente no contaba con pólizas de seguro vigentes, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad y regulación del transporte de materiales peligrosos en la capital. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y posibles responsabilidades.
Este trágico evento ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas y la necesidad de reforzar las normativas y controles para prevenir futuros incidentes de esta magnitud.